Voces dentro de la comunidad inmigrante y defensores de los derechos civiles aseguran que esta es la última amenaza del gobierno del presidente Donald Trump, que impulsa un reforzamiento de los controles migratorios, un aumento de las deportaciones y la construcción de un muro en la frontera con México a fin de restringir el cruce ilegal de personas.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien supervisa la Oficina del Censo, se refirió recientemente a planes para incluir una pregunta sobre el estado de ciudadanía en el censo 2020, cuestión presente en algunas encuestas en los últimos años, pero no en los estudios poblacionales que se efectúan cada 10 años en esta nación norteña, desde 1950.
La víspera Robert Shapiro, subsecretario del Departamento de Comercio durante el censo de 2000 en el gobierno de William Clinton (1993-2001), predijo que cerca de 24 millones de personas podrían negarse a participar en el próximo conteo por dicha pregunta.
En un artículo para el tanque pensante Brookings Institution, Shapiro dijo que solo el hecho de que el departamento de Justicia esté involucrado en la solicitud asustará a la gente, si bien el censo no tiene permitido compartir las respuestas con las autoridades.
Ross y el fiscal general Jeff Sessions vincularon explícitamente la recopilación de la información del Censo 2020 a la aplicación de la ley federal. Eso es lo que hace que su directiva sea tan notable y tan peligrosa, argumentó Shapiro.
A su juicio, cerca de 6,8 millones de inmigrantes indocumentados terminarán evitando el conteo por completo, al igual que casi la mitad de los 8,8 millones de residentes legales que viven en su hogar con un inmigrante indocumentado.
La otra mitad, dijo, probablemente responderá la pregunta falsamente.
La otra mitad, dijo, probablemente responderá la pregunta falsamente.
Por su parte Sunshine Hillygus, profesora de la Universidad de Duke que sirve en el Comité Asesor Científico del Censo, consideró que incluir la pregunta era una mala idea. Creo que esta es una decisión absolutamente horrible. Esto tendrá graves consecuencias negativas para la calidad de los datos, los costos e incluso la reputación del censo, advirtió durante una presentación citada por el diario The Huffington Post.Alertó que las percepciones importan y que incluir la cuestión de la ciudadanía se consideraría como una decisión política, y alimentaría la percepción de que dicha información podría usarse para apuntar a los no ciudadanos.
Otras voces advierten que el acopio de datos incompletos e imprecisos en la pesquisa nacional podría afectar los distritos electorales y la asignación de fondos federales.